Editorial 396

Para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado

A principios de octubre de 2003, el gobierno de George Bush finalmente archivó uno de sus más controvertidos programas de vigilancia y control: la TIA (Terrorist Intelligence Awareness, o Alerta sobre Inteligencia Terrorista, tras varios cambios de nombre), una especie de servicio para recolectar datos de los ciudadanos de EEUU y de los que crucen su territorio. La idea, como hemos explicado en otra ocasión, consistía en reclutar a decenas de miles de ciudadanos que, por su actividad o profesión, tenían que entrar en los domicilios para hacer reparaciones u obras. De paso, se les pedía que, bajo la supervisión del FBI, le echaran un buen vistazo a todo lo que les pareciera sospechoso o fuera de lugar y elevaran el correspondiente informe. La alarma que la TIA despertó en las organizaciones de defensa de los derechos civiles, junto con las dificultades prácticas de cribar el previsible aluvión de información con el fin de quedarse con alguna pepita de oro de entre tanto barro, finalmente mandó el proyecto a un archivador del Despacho Oval. Pero la gente no ha olvidado y ahora responde con la GIA, que empezará a funcionar a finales de este año.

La GIA es lo mismo que la TIA sólo que la T de terrorista ahora es una G de gobierno. Y, como dicen sus promotores, será en realidad una CIA (Citizens Intelligence Agency, Agencia de Inteligencia de los Ciudadanos). Es decir, se trata de un sistema de información ciudadana para fiscalizar al gobierno, sus personajes, sus actividades, sus conductas, sus manifestaciones y sus actos. Es lo que tiene la Red: la tecnología es la misma para todos; la comunicación, también; y la intencionalidad política surge espontáneamente de la propia pedagogía de los gobernantes. ¿Querían vigilar a toda la población, entrometerse en sus vidas privadas, fisgonear hasta en las arrugas de la ropa interior o en las entretelas de su intimidad, incluso aunque las leyes prohibieran expresamente semejante operación policial "preventiva"? Pues bien, ahora es la ciudadanía la que va a ejercer el derecho constitucional de vigilar a los gobernantes, exigirles que cumplan lo que dicen y saber con quién se relacionan y para qué. La web de la GIA nace con una vocación de memoria histórica de un calado como posiblemente no se ha planteado hasta ahora ni siquiera en los relatos de ciencia ficción.

El proyecto, además, ha surgido del prestigioso Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston. Allí, un par de investigadores colgaron una página sobre el "Gobierno Abierto" para que los internautas publicaran información sobre las relaciones de organizaciones, funcionarios y políticos con el mundo de los negocios y la fuente de las donaciones a las campañas políticas. Apenas se puso en funcionamiento en uno de los servidores en el MIT, el sistema tuvo que someterse a revisión ante la avalancha de tráfico e información que originó en poco tiempo. Además, surgieron en el MIT las lógicas preocupaciones acerca del marco jurídico del proyecto. Los investigadores ni moderaban ni editaban el material que sometían los internautas, por tanto si en estas informaciones se colaban calumnias o mentiras la institución quedaba indefensa ante posibles acciones legales por parte de los afectados.

La solución, como ya sucedió en el caso de la música y antes en el de la investigación científica, es un sistema tipo Napster. El MIT no guardará la información que publiquen los internautas en su servidor, sino que estará distribuida por redes "peer to peer" (P2P). De esta manera, estará accesible desde los ordenadores de los propios internautas que la manejarán o concentrarán de la manera que lo consideren más conveniente. El MIT suministrará las herramientas para publicar y buscar la información.

Las organizaciones de defensa de los derechos civiles de EEUU han saludado la iniciativa con reservas. Es cierto que la sociedad civil tiene muchísima más información que la habitualmente publicada por los medios de comunicación sobre las relaciones entre empresas y entidades oficiales, así como sobre el comportamiento de funcionarios en puestos claves dentro de la cadena de toma de decisiones. Los medios de comunicación, además, suelen actuar guiados por consideraciones coyunturales que poco o nada tienen que ver con los intereses de la sociedad civil. Pero el funcionamiento de esta nueva CIA informal y distribuida en red se enfrenta a dificultades legales que ni siquiera se conocen bien porque se adentra en territorios sobre los que no hay ni siquiera una jurisprudencia clara.

Los abogados que se han manifestado al respecto hasta ahora mantienen, sin embargo, una postura optimista. La Agencia de Inteligencia de los Ciudadanos funcionaría bajo una especie de régimen de "código abierto". Cada uno escribiría la línea sobre lo que sabe o puede demostrar y, a través de la red, se irían uniendo las partes correspondientes para ir construyendo un tapiz de información con significados concretos. De esta manera, y siempre que los organizadores -en este caso, el MIT- no edite o modere las intervenciones, el sistema P2P disminuye el riesgo de acciones legales contra los promotores.

Lo que está claro es que el proyecto del MIT, tras la pretensión del gobierno de vigilar a los ciudadanos a través de la TIA, ha despertado en vastos sectores de la ciudadanía estadounidense la conciencia de que también ellos pueden ejercer un escrutinio de las acciones del gobierno que vaya más allá de la simple delegación de estas funciones en organismos o comités que, en realidad, forman parte del problema. Y, lo más importante, es que por primera vez los medios para hacerlo ya están desplegados -Internet y los sistemas de redes P2P-, el proyecto ha sido claramente delineado y ahora es una cuestión de tiempo: lo que tarde la voluntad política de los ciudadanos y sus organizaciones en expresarse a través de la Red.