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La ventana del vigilante
Autor: Luis Ángel Fernández Hermana
16/7/1996
Fuente de la información: Revista en.red.ando
Temáticas:
Ciberderechos
Política
Redes ciudadanas
Internet
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Editorial número 28
Castillo apercibido, no es decibido
Los gobiernos europeos han mantenido hasta ahora una actitud
discreta con respecto a Internet. Salvo los casos más clamorosos de
Francia y Alemania, en los que se trató de matar al mensajero (los
proveedores de servicios on-line) ante la imposibilidad de actuar sobre
el príncipe (el internauta, autor de las informaciones perseguidas), el
Viejo Continente ha contemplado la batalla por la libertad de
información y los "ciberderechos" con una cierta parsimonia, como si
fuera algo que perteneciera al folklore del otro lado del Atlántico.
Las cosas no han sido, por supuesto, tan suaves. Ahí tenemos la
intervención de la policía finlandesa, a instancias del FBI, en el
servidor que permitía disfrazar las direcciones de correo electrónico.
O la reunión de Ministros de la Unión Europea en Bolonia hace un par de
meses para "ver qué hacemos con esto de Internet", como manifestó
gráficamente un alto funcionario italiano. O la actividad de la
Europol, la policía comunitaria, cuya intervención en las redes todavía
no se encuentra regulada.
No obstante, la discreción ha presidido hasta ahora estas
actuaciones. A fin de cuentas, Europa quiere distinguirse de EEUU en el
uso de la Red y por eso pone el acento en la creación de la sociedad de
la información, frente al evangelio de Al Gore de la infraestructura
global de la información. Queremos esta infraestructura, sí, pero para
cumplir objetivos muy precisos que permitan tejer el entramado digital
de la futura sociedad, preocupada, como debe ser, por cuestiones tales
como el empleo, el esparcimiento, la economía, la salud, los servicios
sociales, etc. Irónicamente, nuestros problemas comienzan precisamente
aquí, en que Europa no tiene un tejido de organizaciones sociales
empeñadas en defender los derechos del individuo que será el sujeto de
la nueva sociedad digital. No, por lo menos, a un nivel equiparable a
lo que sucede al otro lado del océano. Las intervenciones de Francia y
Alemania mencionadas más arriba han tenido más repercusión en EEUU que
en Europa, donde ya se estaba librando la batalla contra el intento del
gobierno de Clinton de censurar Internet.
Pues bien, ahora nos toca el turno a nosotros. El Clipper,
el infausto chip de encriptación que la Casa Blanca pretendió poner en
todos lo equipos electrónicos para entregar a la policía una ventana
privilegiada las comunicaciones digitales privadas, ha cruzado el
Atlántico y echado anclas en los puertos de Gran Bretaña y Francia.
Ambos países han acordado crear lo que denominan Tercera Parte Fiable
(Trusted Third Parties, TTP), una especie de agencia de presentación
que asegurará a las partes implicadas en una transacción electrónica
que ambas han pasado un test de "verificación de personalidad" y son
fiables. TTP ofrecerá programas de encriptación para que los
interlocutores comerciales lo utilicen en sus intercambios de
información confidencial. Pero, en ambos países, las agencias TTP
estarán obligadas a entregar las "llaves" de estos códigos a los
servicios de seguridad si estos los reclaman con una orden
administrativa (que no judicial).
Si la intención de los gobiernos es proteger al mundo de
los negocios, no se entiende muy bien qué diablos hacen precisamente
los gobiernos en este negocio. Hasta ahora, y desde hace mucho tiempo,
las empresas han demostrado que son perfectamente capaces de
desarrollar sus propios sistemas de seguridad para las transacciones
digitales sin necesidad de que ningún ministerio les indique cómo deben
hacerlo y, sobre todo, con la obligación añadida de que entreguen los
códigos que están utilizando. Uno se imagina que el sector financiero,
por mencionar el, en principio, más afectado, se tomaría semejante
intervención con un buen vaso de whisky sin hielo.
Pero la medida no va dirigida solamente al mundo de los
negocios. Como ha explicado un portavoz del Ministerio de Comercio e
Industria de Inglaterra, "el Gobierno licenciará el TTP para apuntalar
la confianza de los consumidores". El mismo argumento utilizaba la Casa
Blanca a la hora de defender el Clipper, propuesto por el FBI y la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Apenas las organizaciones de
defensa de los derechos civiles comenzaron a hurgar un poco, salieron a
relucir las verdaderas intenciones: la apertura de una ventana
privilegiada para los vigilantes de siempre y el intento de crear el
primer sistema de control de la información que circula por la Red. El
Clipper, en EEUU, ha debido soportar el fuego cruzado de organizaciones
como la ACLU, EPIC o EFF.EFF,
pero aún no está hundido. Gore acaba de anunciar que el proyecto sigue
vivo. La aparición del TTP en Europa tan sólo ha sido contestado, hasta
ahora, por Privacy International, una organización de Londres dedicada a la defensa de los derechos civiles y que está administrada por EPIC de Washington. Ambas entidades, junto con Human Rights Watch y The Internet Society
acaban de lanzar la Global Internet Liberty Campaign (GILC) para
proteger la libertad de expresión en las redes. Uno de sus objetivos
será el TTP. El futuro de la Sociedad de la Información "a la europea"
dependerá en gran medida de la respuesta que la comunidad cibernauta
sea capaz de dar a estas iniciativas gubernamentales originadas en una
vocación de control y de intromisión en las comunicaciones personales.
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