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La ventana del vigilante

Autor: Luis Ángel Fernández Hermana
16/7/1996
Fuente de la información: Revista en.red.ando
Temáticas:  Ciberderechos  Política  Redes ciudadanas  Internet 
Editorial número 28

Castillo apercibido, no es decibido


Los gobiernos europeos han mantenido hasta ahora una actitud discreta con respecto a Internet. Salvo los casos más clamorosos de Francia y Alemania, en los que se trató de matar al mensajero (los proveedores de servicios on-line) ante la imposibilidad de actuar sobre el príncipe (el internauta, autor de las informaciones perseguidas), el Viejo Continente ha contemplado la batalla por la libertad de información y los "ciberderechos" con una cierta parsimonia, como si fuera algo que perteneciera al folklore del otro lado del Atlántico. Las cosas no han sido, por supuesto, tan suaves. Ahí tenemos la intervención de la policía finlandesa, a instancias del FBI, en el servidor que permitía disfrazar las direcciones de correo electrónico. O la reunión de Ministros de la Unión Europea en Bolonia hace un par de meses para "ver qué hacemos con esto de Internet", como manifestó gráficamente un alto funcionario italiano. O la actividad de la Europol, la policía comunitaria, cuya intervención en las redes todavía no se encuentra regulada.

No obstante, la discreción ha presidido hasta ahora estas actuaciones. A fin de cuentas, Europa quiere distinguirse de EEUU en el uso de la Red y por eso pone el acento en la creación de la sociedad de la información, frente al evangelio de Al Gore de la infraestructura global de la información. Queremos esta infraestructura, sí, pero para cumplir objetivos muy precisos que permitan tejer el entramado digital de la futura sociedad, preocupada, como debe ser, por cuestiones tales como el empleo, el esparcimiento, la economía, la salud, los servicios sociales, etc. Irónicamente, nuestros problemas comienzan precisamente aquí, en que Europa no tiene un tejido de organizaciones sociales empeñadas en defender los derechos del individuo que será el sujeto de la nueva sociedad digital. No, por lo menos, a un nivel equiparable a lo que sucede al otro lado del océano. Las intervenciones de Francia y Alemania mencionadas más arriba han tenido más repercusión en EEUU que en Europa, donde ya se estaba librando la batalla contra el intento del gobierno de Clinton de censurar Internet.

Pues bien, ahora nos toca el turno a nosotros. El Clipper, el infausto chip de encriptación que la Casa Blanca pretendió poner en todos lo equipos electrónicos para entregar a la policía una ventana privilegiada las comunicaciones digitales privadas, ha cruzado el Atlántico y echado anclas en los puertos de Gran Bretaña y Francia. Ambos países han acordado crear lo que denominan Tercera Parte Fiable (Trusted Third Parties, TTP), una especie de agencia de presentación que asegurará a las partes implicadas en una transacción electrónica que ambas han pasado un test de "verificación de personalidad" y son fiables. TTP ofrecerá programas de encriptación para que los interlocutores comerciales lo utilicen en sus intercambios de información confidencial. Pero, en ambos países, las agencias TTP estarán obligadas a entregar las "llaves" de estos códigos a los servicios de seguridad si estos los reclaman con una orden administrativa (que no judicial).

Si la intención de los gobiernos es proteger al mundo de los negocios, no se entiende muy bien qué diablos hacen precisamente los gobiernos en este negocio. Hasta ahora, y desde hace mucho tiempo, las empresas han demostrado que son perfectamente capaces de desarrollar sus propios sistemas de seguridad para las transacciones digitales sin necesidad de que ningún ministerio les indique cómo deben hacerlo y, sobre todo, con la obligación añadida de que entreguen los códigos que están utilizando. Uno se imagina que el sector financiero, por mencionar el, en principio, más afectado, se tomaría semejante intervención con un buen vaso de whisky sin hielo.

Pero la medida no va dirigida solamente al mundo de los negocios. Como ha explicado un portavoz del Ministerio de Comercio e Industria de Inglaterra, "el Gobierno licenciará el TTP para apuntalar la confianza de los consumidores". El mismo argumento utilizaba la Casa Blanca a la hora de defender el Clipper, propuesto por el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Apenas las organizaciones de defensa de los derechos civiles comenzaron a hurgar un poco, salieron a relucir las verdaderas intenciones: la apertura de una ventana privilegiada para los vigilantes de siempre y el intento de crear el primer sistema de control de la información que circula por la Red. El Clipper, en EEUU, ha debido soportar el fuego cruzado de organizaciones como la ACLU, EPIC o EFF.EFF, pero aún no está hundido. Gore acaba de anunciar que el proyecto sigue vivo. La aparición del TTP en Europa tan sólo ha sido contestado, hasta ahora, por Privacy International, una organización de Londres dedicada a la defensa de los derechos civiles y que está administrada por EPIC de Washington. Ambas entidades, junto con Human Rights Watch y The Internet Society acaban de lanzar la Global Internet Liberty Campaign (GILC) para proteger la libertad de expresión en las redes. Uno de sus objetivos será el TTP. El futuro de la Sociedad de la Información "a la europea" dependerá en gran medida de la respuesta que la comunidad cibernauta sea capaz de dar a estas iniciativas gubernamentales originadas en una vocación de control y de intromisión en las comunicaciones personales.

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