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> Artículos > Revista en.red.ando > Artículos en.red.ando 1998
"Una red con demasiados agujeros"

Autor: Luis Ángel Fernández Hermana
27/1/1998
Fuente de la información: Revista en.red.ando
Organizador:  Enredando.com, S.L
Temáticas:  Comunicación digital 
Editorial número 104

Palabras de santo y uñas de gato

La liquidación el año pasado de la Ley de la Decencia en las Comunicaciones (CDA) por inconstitucional en EEUU parece haber supuesto un cambio de estrategia de los gobiernos, tanto en el estadounidense como en los europeos, respecto a la mejor forma de controlar Internet. Como decíamos en el editorial anterior, en vez de aplicar el palo de la ley, ahora se impone la zanahoria de los acuerdos (sin dejar de aplicar el palo cuando la ocasión se tercia). Esto, que en principio supone un avance, puede convertirse en un campo minado si nos atenemos a los interlocutores involucrados y al escenario en que operan. El protagonismo de esta nueva política comienza a desplazarse hacia los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) en detrimento de los propios internautas. Eso sí, sin abandonar el lenguaje propio de la cultura del ciberespacio: la autorregulación. O, para ser más precisos, la "autorregulación en democracia". Las palabras, como las armas, las carga el diablo, y así nos salen después los tiros. Ante las pretensiones de los gobiernos de intervenir en los contenidos de la Red "manu militari", los internautas clamaron --y claman-- por un voto de confianza basado en su propia capacidad para controlar el desarrollo de Internet y establecer los límites allí donde se abrían los espacios más conflictivos, sobre todo el de la pornografía infantil, que tan buena prensa tiene. Pero la agenda oficial no se detiene ahí. Cuando se quiere intervenir nunca se explicitan las verdaderas razones, sino las que concitan un mayor consenso social para justificar la intervención. En este caso, la lista empieza con el crimen organizado y concluye con el flujo de capitales procedente del lavado de dinero. En el medio, caben desde los asaltos a la propiedad intelectual hasta el sexo en todas sus variedades digitales. Asuntos demasiado importantes como para dejarlos sólo en manos de los bienintencionados habitantes del ciberespacio. Sobre todo si, además, lo que se pretende es imprimir un sello comercial a las relaciones digitales, lo cual coloca a la seguridad en el centro del tablero. Y si alguien sabe de seguridad, dicen los gobiernos, son ellos mismos, que para algo se gastan un suculento presupuesto en este rubro.

Ahora bien, si la vigilancia hay que llevarla adelante mediante acuerdos, la industria de los servicios digitales, en particular los PSI, son las que están mejor situados. Y hacia ellos se ha volcado la atención oficial. La autorregulación tiene que partir de la capacidad de estas empresas privadas de poner en fila a sus propios clientes. Esto es lo que está sucediendo a ambos lados del Atlántico. En el caso de Europa, además, la situación se ve agravada, desde nuestro punto de vista, por la escasa presencia institucional de los internautas en la Red. Mientras que en EEUU han surgido organizaciones con un largo pedigrí en la defensa de los derechos civiles, la privacidad y la intimidad de los usuarios, que les ha llevado a enfrentarse directamente con la Agencia Nacional de Seguridad, el FBI, el Congreso o la Casa Blanca, en Europa el paisaje se muestra bastante yermo. No hemos alumbrado todavía las instancias democráticas que nos representen, ni siquiera en un nivel tan elemental como es el de decidir cuáles son nuestros derechos y cómo podemos defenderlos ante la ola de autorregulación que nos invade.

Esta política de consenso entre autoridades y PSI se ha plasmado por ahora en tres opciones: los filtros voluntarios, la línea caliente y los acuerdos institucionales (en capilla están las etiquetas digitales, sobre las que nos explayaremos la próxima semana). En el primer caso, el ejemplo más conspicuo son los PICS que permiten seleccionar las web que visitan los niños una vez que se ha configurado para tal tarea al navegador. El reciente trabajo de campo realizado por el Centro de Información para la Privacidad Electrónica (EPICtarget=otra) de Washington ha demostrado que si a la industria se le concede el dedo, con el primer mordisco ya está en el codo. Muchos de los filtros deniegan incluso el acceso a la Cruz Roja de EEUU, posiblemente porque tienen información sobre el Sida y eso significa sexo. Entre los internautas de EEUU se ha levantado una fuerte protesta por esta política, que no ha suscitado una respuesta similar en Europa. En nuestro continente se han explorado las líneas calientes. Estas han aparecido en tres modalidades. En Holanda se puso en marcha una integrada por PSI e internautas. Su tarea consistía en alertar a los autores de que su material podía constituir un delito. Si persistía en mantenerlo en la Red, entonces se daba aviso a las autoridades. Este procedimiento se envició rápidamente porque la presencia de los propios usuarios pasó a ser testimonial.

En Gran Bretaña y Alemania, ante la presión de la policía y los jueces, respectivamente, los PSI, amparados por una Fundación, en un caso, y por una asociación privada, en el otro, mostraron una preocupante propensión a inclinarse a las peticiones de las autoridades para liquidar páginas molestas. Los PSI británicos han aceptado quitar contenidos conflictivos de Internet sin darle ninguna opción al usuario de defenderse. Para los PSI, la opción era plegarse a la autoridad o perder negocio ante la eventualidad de un juicio con la correspondiente publicidad de albergar pornografía infantil u otras lacras. Sin organizaciones civiles que les enfrentara por estos ataques a la libertad de expresión y al derecho a la interactividad, en la decisión de estas empresas pesó más, como era de esperar, el volumen de la cartera de negocios, donde los derechos de los demás no suelen tener una importancia excesiva.

Estas experiencias parecen haber animado a la Unión Europea, que en una reciente reunión con gente del mundo de las redes propuso la creación de una asociación europea de PSI, la EUROISPA. O sea, una interlocutora válida para llevar a cabo una autorregulación eficaz de los contenidos a escala de toda la comunidad. Como suele suceder con demasiada frecuencia, la UE decidió que era mejor empezar la casa por el tejado y promover mediante una acción desde arriba la vigilancia de la Red. Otra preocupante muestra de su desconfianza en el desarrollo de una política generada por los propios usuarios a través de organizaciones propias. Lo cierto es que éstas, allí donde existen, como podría ser la Fundación de la Frontera Electrónica (cuya edición española, FrEE, publica un excelente boletín de noticias sobre estos temas) son todavía muy débiles como para variar este curso de los acontecimientos. Pero, sin duda, es aquí donde está la madre del cordero. Si estas organizaciones no surgen pronto con el suficiente apoyo social de la comunidad internauta, el futuro de Internet quedará comprometido en gran medida por las alianzas "democráticas" entre los gobiernos y los PSI.

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